A casi un año de desabastecimiento de bienes de primera necesidad debido a la no comercialización de la pasta base ni de la hoja de coca como moneda de cambio, en la región del Guayabero, crecen la desesperación y la falta de respuesta. Al hambre y la precarización se suma la migración que deja veredas enteras deshabitadas. El campesinado se mantiene hundido en la zozobra de un futuro incierto y una crisis humanitaria que las autoridades no quieren reconocer. La ilegalidad no permite intervenir este mercado ni conocer a fondo las causas de que nadie compre coca en estas veredas. La reconfiguración de los grupos armados, el nuevo gobierno, la sobreproducción, la especulación, el Proceso de Paz y otros factores confluyen en una situación desesperante para las y los campesinos que ya no pueden comprar productos de primera necesidad y no saben cómo salir del mal paso.

En pleno gobierno del cambio, el campesinado del Guayabero en el departamento del Meta que eligió a Gustavo Petro, vive la tranquilidad al no sufrir arremetidas militares. Pero el hambre los fuerza a desplazarse obligándoles a dejar su fuente de sustento, su casa, sus amigos, en algunos casos sus familias, teniendo que desarraigarse de un territorio que consideran su hogar.

“Nadie sabe por qué no se compra la mercancía, la pasta (base de cocaína). Ese es el problema acá ahorita”, dice Disan Daniel Hueso, presidente de la vereda La Reforma del municipio de Puerto Rico, Meta. Esta hace parte del núcleo de Nueva Colombia, compuesto por veredas de Puerto Rico, Vista Hermosa y Puerto Concordia, en donde las comunidades viven en un estado de aislamiento al solo contar con transporte fluvial, habitar zona de Parques Nacionales Naturales y estar en un territorio inmerso en el conflicto armado, por lo cual el campesinado ha conocido al Estado por la vía militar y ha generado una dependencia de los cultivos de hoja de coca.

De 1978 a 2015, el campesinado colombiano soportó la fumigación, –especialmente en el gobierno de Uribe–. También pasaron hambre y precariedad. Durante el gobierno de Iván Duque soportaron los operativos de erradicación forzada que, particularmente entre 2020 y 2022, representaron violaciones de derechos humanos como heridas con arma de fuego y esquirlas, -inclusive a un reportero de Voces del Guayabero le destruyeron su mano derecha con un tiro de fusil-, lesiones personales y hasta la muerte, pero también vivir con miedo a la llegada de desembarcos militares.

También padecieron esos miedos y amenazas a su integridad durante la estrategia para frenar la deforestación: la Operación Artemisa, la cual fue lanzada en el 2020 en el municipio de La Macarena, Meta en donde las y los campesinos de la Amazorinoquía fueron perseguidos y judicializados. Hubo más de 100 capturas, mayoritariamente de lugareños, sus casas fueron incineradas y ellos desplazados por vía legal.

“En mi caso he comido dos, entre una y dos comidas diarias, hay gente que la he visto bastante mal para hacer una comida al día”, dice Jesús Adolfo García, un adulto mayor afrodescendiente que llegó hace 20 años de Argelia a la vereda Nueva Colombia buscando opciones laborales.

“Se está aguantando hambre, mucha gente ha resuelto coger el camino a seguir la situación que tenemos. Pero debido a mi edad, debo aguantar aquí porque si me voy a una ciudad, no me ocupan para nada. Y no tengo nada de qué vivir”, contó.

La realidad de don Jesús es muy similar a la de muchos adultos mayores que se están quedando solos en las veredas, pues las personas más jóvenes migran hacia lugares que garanticen su seguridad alimentaria.

Esta situación, “para el campesino es peor que si la estuvieran arrancando, porque el campesino está abandonando las fincas. Más de uno se está yendo porque no tiene con qué darle comida a los hijos porque a las tiendas que tenían surtidos se les acabaron, el pueblo se está casi muriendo de hambre”, contó Disan Daniel Hueso.

A inicios del 2023, el campesinado cocalero de manera paulatina empezó a irse de la región. Los primeros fueron los “raspachines” o “raspachos”. Una población flotante, que no tiene necesariamente arraigo a una tierra. Van de un lugar a otro para recolectar la hoja de coca.

En esta región los desplazamientos han aumentado en forma difícil de medir. Muchas personas de estas veredas llegan La Carpa de manera transitoria, por ser la zona de puerto con más solvencia entre las veredas del Guaviare de esta región. Allí no hay empleo para tanta gente, así que recogen algo de dinero y se van a trabajar a otras zonas cocaleras de la región, en fincas ganaderas o a probar suerte en las ciudades.

Didier Aguirre, un joven criado en la región del Guayabero, vivió hasta el año pasado en la vereda el Limón cuando dejaron de comprarle la pasta base de coca. Lo encontramos en Nueva Colombia en marzo de este año mientras intentaba cambalachear unos gramos por unas botas de caucho. Las suyas estaban dañadas, necesitaba cambiarlas allí, sabía que al salir del Meta hacia el Guaviare, la pasta base de coca no le serviría como moneda de intercambio. De cualquier manera no había botas de su talla.

En La Carpa, una Vereda del Guaviare, a varias horas de Villavicencio, Didier ayudaba a su pareja a atender una tienda. Era fin de semana, varios hombres tomaban cerveza. Desde hace algunos días Didier estaba sin trabajo, el contrato entre la Junta de Acción Comunal y la Alcaldía para crear algunos kilómetros de alcantarillado había terminado. Tendría que buscar alguna finca que lo recibiera como jornalero. En las veredas del Meta no hay empleo ni dinero.

“En una finca cocalera en el día emplean de 10 a 15 trabajadores. Uno gana $100.000 a 150.000, en cambio en una finca ganadera contratan dos o tres trabajadores y uno gana $40.000 trabajando de 6:00 a.m. a 6:00 p.m”, explica Didier teniendo claro que esa era su mejor posibilidad.

Esta vereda además de sufrir los impactos del fallido Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), viene sosteniendo a las familias de otras veredas que sufren por la crisis cocalera.

“Aquí debido a la situación no conocemos ya qué es la plata. (…) La que nos ha sustentando durante todo este tiempo ha sido la Mona -una tendera-, de La Carpa, pues ella tiene un negocio y pues al menos nos ha recibido el producto cuando hay, a algunos nos fía y así, pero ya nos dijo que no aguantaba más”, dijo Andrés David Gamba de la Junta de Acción Comunal de la Reforma, quien espera que el Gobierno Nacional pueda ayudarlos con construir la vía que comunique estas veredas con la cabecera municipal y así poder comercializar con otros productos.

Durante varios meses, las y los campesinos siguieron cultivando la hoja, recogiéndola y procesándola. Luego, almacenaron la pasta base y de vez en cuando la usan para cambalachearla entre vecinos o, cuando ocasionalmente las tiendas logran surtirse, para comprar los productos necesarios. Ellos viven con la esperanza de que en cualquier momento lleguen a comprarles la pasta base de coca. Pero eso aún no ocurre. Y ya ha pasado un año.

¿Por qué no están comprando la pasta base de coca?

Expertos y expertas parecen coincidir que es imposible determinar una sola razón para la falta de compra de la pasta base de coca, ya que depende de las realidades territoriales.

“La crisis de la coca es el resultado de varios factores que caracterizan a cada territorio. Por ejemplo, la sobreoferta de hoja de coca y de cocaína, la reconfiguración de la influencia de grupos armados, entre otras” razones, concluyó la Fundación Ideas para la Paz tras reunirse con expertos en temas de drogas de distintas regiones del país.

El abogado Pedro Arenas, cofundador de VisoMutop, oriundo del Meta radicado en el Guaviare y experto en política de drogas, concuerda que hay una multicausalidad que depende de cada territorio y por ello urge implementar la nueva política de drogas.

Acumulación, sobreproducción y caída de precios

Tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, llegó la esperanza en algunos territorios de avanzar hacia un país sin conflicto. Pero en otros territorios hubo un aumento de violencia por la disputa territorial entre actores armados.

Que la guerrilla más antigua de Colombia depusiera las armas, y por ende haya dejado de regular el mercado y fijar precios de la coca, abrió las puertas a microtraficantes pero también a grandes cárteles de México, llevó a que hubiese rebrote o persistencia de cultivos en Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Vichada y en menor medida en Antioquia, Bolívar, Guaviare, Córdoba, Valle del Cauca y Meta, como muestra el informe de Monitoreo a la implementación del PNIS en su edición número 25 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC).

“El rol regulador de las FARC en las economías cocaleras regionales era significativo, sobre todo en el eslabón producción-cultivo-pasta base. (…)  Para bien o para mal eso establecía unas condiciones de cumplimiento de que el comprador, cumpliera y asegurara que se le iba a cumplir (…). Las FARC garantizaban el precio y la calidad y de eso cobraban un impuesto”, explica Estefanía Ciro, directora del centro de pensamiento amazónico A La Orilla del Río.

Ciro considera que esos cambios en la dinámica de poder llevó a que en el 2019 se hablara del boom de la coca, producida por una demanda jalonada por los precios, que aumentó la productividad, pero cambió las prácticas, inundando el mercado de coca.

Esta sobreproducción afectó al campesinado. “Al haber abundancia cae el precio y los intermediarios vienen pagándole a las comunidades lo que les viene en gana, lo mismo que pasa muchas veces con los plátanos o la yuca”, puntualiza Pedro Arenas.

Con la llegada la pandemia se sumó, que había mucha coca y por otro lado aumentaron de precio los insumos, para garantizar el correcto crecimiento del cultivo, y de los elementos necesarios para procesarla en pasta base. “Eso ha tenido enorme incidencia porque hay sobreproducción, bajan los precios y los costos aumentan, entonces el marco de ganancias, disminuye radicalmente”, explica Estefania que habló de una “resaca económica” entre 2021 y 2022.

“La gente no tiene qué comer, no tiene tierras, no tiene para dónde irse a veces. Irse no es tan fácil, es una decisión de redes. Ellos sufren esta presión con enorme crueldad. Vemos situaciones de hambre y salud mental”, puntualiza Estefania, recordando que ante la situación de emergencia humanitaria actual no ha habido una reacción del Estado, sino que ha primado el silencio.

Enclaves productivos e ingreso de otros países al negocio- sobre oferta

En ciertas partes de Colombia hay cultivos industriales que no necesariamente pertenecen a campesinos y campesinas, pues son extensas hectáreas de tierra de monocultivo de hoja de coca. Allí suele hacerse el proceso completo desde el cultivo, la recolección, el procesamiento a pasta base en sus propios laboratorios, y finalmente la cristalización para obtener cocaína. Estos clanes además poseen el control de las rutas de narcotráfico.

Estos enclaves productivos están ubicados principalmente en territorios como Pacífico, bajo Cauca, Putumayo y Catatumbo. Al garantizar toda la cadena de producción tendrían mayor preferencia al comerciar que zonas donde solamente compran la hoja o la pasta base, como el Guayabero.

“Hay unos enclaves productivos bajo control e integración vertical de grupos dentro de Colombia. Es decir, zonas donde cuentan con control de cultivos, laboratorios de PBC y cristalizaderos”, explica Pedro Arenas, quien considera que la sobreoferta también tendría que ver con, el que países andinos como Honduras y Venezuela estén produciendo clorhidrato de cocaína

No obstante, estos enclaves en su mayoría tienen años de existencia, y aunque para algunas personas se estarían creando otros, por ejemplo en la Amazonía, que estarían desplazando al campesinado, hacen falta pruebas tangibles. No obstante, Petro respalda esta teoría. “Hoy la mayor zona cocalera no se ubica en Tumaco en el Pacífico nariñense, ni en el Catatumbo. La nueva zona de mayor producción de cocaína del mundo se ubica en una franja de 10 kilómetros a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana, del lado colombiano”, afirmó el mandatario vía twitter.

Sus afirmaciones no coinciden con las expertas, como por ejemplo, Estefanía Ciro. Ella recuerda que Colombia tiene toda la experiencia en este mercado, que no puede ser reemplazado tan fácilmente. “Colombia tiene un know how de cómo se hace esto, de 40 años. Se constituyen redes de conocimiento, insumos, semillas, productividad, precios y actores que lo permiten. (…) Al contrario, estos enclaves muestran que no hay lugar más importante para producir que Colombia”.

No solo relaciona la crisis con el posible ingreso de otros países al mercado, sino que además no cree que en Colombia se estén creando enclaves que excluyan al campesinado de la producción. No cree que los mexicanos estén comprando tierras. “Porque ellos no necesitan comprar tierras acá, porque hay una mano de obra que precisamente vive de eso, porque no tienen tierras”, concluye Estefanía.

Para María Clara “nadie muestra una evidencia empírica sólida de que existan cultivos industriales diferentes al andén Pacífico. Para decir que están en todas las fronteras cocaleras habría que hacer más investigación. Siempre pregunto: ¿usted los ha visto? Y todos dicen que no. Decir que los cultivos industriales están reemplazando la economía campesina, me parece muy avezado», opina.

Además de su multicausalidad la recesión del comercio de la pasta base de cocaína y la hoja de coca no se puede comprender en plenitud por su clandestinidad. “Su ilegalidad impide entender. Ni siquiera el gobierno tiene la capacidad de saber qué ocurre”, dice Estefanía.

“Esta es una economía absolutamente resiliente, este para nada es el fin de la coca, aquí han pasado presidentes, gobernadores, alcaldes, hasta los actores armados han pasado, y la coca sigue ahí”, opina María Clara.

Quienes se van sufren ante la incertidumbre de un territorio que no es el propio. Y también el desarraigo del lugar que los vio nacer o los recibió al migrar buscando la sobrevivencia.

Quienes se quedan sufren ante la precariedad de la vida en sus casas hechas de tabla que resguardan la pasta base de coca arrumada en los rincones de sus pisos de tierra. La coca espera en cocinas sin otra comida que el plátano y el pescado que la mayoría de la vereda cocinan a leña.

Aunque nadie vende coca, el día sigue transcurriendo entre los cocales, hablando entre vecinos y de vez en cuando viendo televisión en la casa de quienes tengan telecable, hasta que alcance la energía que les proveen los paneles solares. La vida sigue como antes de la crisis.

Leonilde y su esposo Octavio, son colonos de la vereda Nueva Colombia, están a punto de cumplir 80 años. Desde hace más de 40 años trabajan en los cultivos de hoja de coca. A esa mata le agradecen lo poquito que lograron porque “los sacó de pobres”. A veces parece que los acompaña la esperanza, a veces no.

–¿Para dónde nos vamos a ir?–se pregunta Leonilde

-–Si no tenemos pa’ dónde irnos.–responde Octavio.

– ¿Ah? Si aquí estamos llevando del bulto, afuera se muere uno de hambre. ¿Quién nos ocupa a nosotros? Ni pa’ botar mierda de perro porque uno con la edad que tenemos, de 70 años pa’rriba… Aquí nos quedamos. Aquí, si nos da hambre tenemos un poco de plátano amontonado, unas yucas, va uno con un anzuelito, se coge unos pescaditos y viene y hace caldito.

Don Octavio y doña Leonilde debajo de un árbol esperaban en una mecedora que sus hijos llegaran de pescar, así podrían seguir sobreviviendo mientras la coca sigue arrumada en un rincón de su habitación sin tener claro cuándo la van a vender.

*Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.