La primera vez que fuimos a La Tigra, vereda de Puerto Rico, Meta en la región del Guayabero fue en el año 2020. La comunidad había denunciado que, en el marco de operativos de erradicación forzada, el Ejército les habría disparado, e inclusive en un video se pudo ver cómo un militar había dado un puñetazo a un campesino.

Pero quienes allí vivían no sólo estaban sufriendo por los operativos de erradicación forzada, sino porque fueron la única vereda de esta región del Meta que se acogió al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, lejos de poder ser ejemplo para las veredas vecinas de cambiar de economía, el incumplimiento los llevó a una crisis de la que aún hoy no se han podido sobreponer.

“Pues fue un error que cometimos en meternos a ese programa”, recuerda José Alberto López, un adulto mayor de 71 años, que hace más de 30 años llegó a vivir a la zona. Él no ve como una posibilidad migrar, así no haya sino 18 familias. “Eso no es no más uno empacar la maleta y, irse ¿a dónde va a llegar? y a dónde esto y lo otro. Por allá no le van a tener a uno un rancho, así sea feito”, explica este hombre que subsiste de vender gaseosas y minutos de celular.

Actualmente La Tigra está sumida -al igual que toda la región- en una crisis por la recesión económica de la coca. Los pocos habitantes que no se fueron cuando el PNIS les falló, se quedaron viviendo de este cultivo considerado ilícito, que hoy no se está comercializando en ciertas zonas de Colombia. Recorrer esta vereda es ver un montón de casas hechas escombros, la escuela y el centro de salud cayéndose por partes, y adivinar entre las pocas estructuras que el tiempo no ha terminado de destruir, si están o no habitadas.

Para don José no fue solo el PNIS y la actual la crisis lo que no les ha dejado levantar cabeza, sino también que hacia la zona del Charcón y de Laguna Gringo, entró una carretera, lo que hizo que personas de otras veredas no tuvieran ya que visitarlos para usar el teléfono satelital.

En esta vereda no hay niños, o por lo menos en lo que queda del casco urbano, porque hacia los cocales, la situación puede ser diferente. La escuela cerró al no haber suficientes menores de edad para estudiar, y los pocos que quedaron se fueron para el internado de La Carpa, o a otras veredas. Pero aun si hubiese infantes, la infraestructura del centro educativo requeriría de una gran inversión para funcionar, pues al igual que la vereda La Carpa, durante cinco años consecutivos las inundaciones hicieron estragos.

Algunas personas hoy son profesionales gracias al esfuerzo de muchos campesinos trabajando la coca, pero la crisis alcanzó hasta a quienes estaban luchando por tener un futuro diferente al de sus padres. Carlos Daniel Benites tiene 24 años, cursaba segundo semestre de ingeniería civil y lamentablemente, fue a pasar vacaciones en La Tigra, y no pudo retornar a la ciudad, no solo su mamá se enfermó, sino que empezó la recesión económica. “Los pocos o muchos ahorros que estaban en el momento o que se tenían pues planeados para continuar mis estudios, pues se vieron incluidos, digamos, en el tratamiento”.

El don de servir de Carlos lo llevaron a que fuese elegido como el presidente de la Junta de Acción Comunal-JAC, y que hoy junto a la comunidad esté exigiendo garantías para salir adelante, pese a que persiste el hambre y la incertidumbre. Él comprende que al habitar zonas de Parques Nacionales Naturales y territorios en conflicto, haya una barrera para que las instituciones hagan presencia, pero eso no les quita su derecho a poder acceder a condiciones de vida digna. “Cuando no es la fuerza pública pues es el tema de Parques Nacionales porque pues estamos en una zona de reserva y eso es un dilema jurídico que se tiene desde hace mucho tiempo (…) No podemos recibir ayudas de lleno del Estado, no podemos recibir ayuda de ninguna Alcaldía, no podemos recibir proyectos de ninguna índole porque pues esto es zona de reserva”, explica Carlos. Su familia, según asegura, llegó allí antes de ser declarada como área protegida.

Para quienes habitan en La Tigra, urge que haya inversión estatal y que recuerden que si alguna vez le apostaron a la sustitución fue porque realmente están cansados de estar sobreviviendo.  “No lo miramos como el hecho de nosotros dañar a alguien, sino como la única manera que tenemos aquí de subsistir. Entonces no es un tema de nosotros decir, no, es que nosotros queremos hacerles daño a las personas de las grandes ciudades o a las personas de otros países. Si hubiera realmente una política donde nos aseguraran a nosotros que se puede cambiar o que podemos hacer algo mejor con nuestras tierras, yo creo que el 80% del campesinado cambia un cultivo ilícito por uno lícito”, concluyeron.